El 9 de julio de 2025, un juez federal ordenó iniciar una auditoría en la Delegación del Bienestar en Chihuahua, tras un amparo promovido por el ciudadano Hugo Ruiz. Este amparo se basa en denuncias presentadas desde 2019 sobre presuntos actos de corrupción dentro de dicha delegación. La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Oficina de la Presidencia de la República están obligadas a investigar las sedes de la delegación en la capital, Aldama y Aquiles Serdán.
Las denuncias incluyen presuntos desvíos de recursos destinados a programas sociales, como becas y apoyos al campo. En respuesta, campesinos han cerrado oficinas del Bienestar en la avenida Melchor Ocampo, exigiendo una auditoría a los programas federales del campo.
La orden judicial representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción en programas sociales en Chihuahua. Se espera que la auditoría arroje resultados que puedan llevar a sanciones administrativas o penales, dependiendo de los hallazgos.