Compañías de telefonía han exigido a las autoridades estatales la remoción de los dispositivos inhibidores de señal instalados en los centros penitenciarios de Chihuahua, alegando que estos equipos generan interferencias en viviendas de áreas cercanas.
Ante esta petición, el director general del Sistema Penitenciario Estatal, Ricardo Fernández Acosta, respondió que las solicitudes estarían motivadas por intereses comerciales, pues la restricción de señal representaría una pérdida para esas empresas. En una reciente conferencia, detalló que no hay evidencia de afectaciones internacionales, al haber realizado pruebas junto con especialistas de Estados Unidos que confirmaron que las inhibiciones operan únicamente dentro de los penales.
Fernández Acosta enfatizó que los inhibidores instalados en los Ceresos 1 y 3 forman parte de una estrategia tecnológica fundamental para prevenir comunicaciones ilícitas, como extorsiones o coordinación criminal desde el interior de las cárceles. Reiteró que deben mantenerse como una herramienta indispensable para la seguridad institucional.