Por FERMAN
Los derechos de las audiencias vuelven a colocar la libertad de expresión en el centro de la discusión pública en México. El debate surge por los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.
La propuesta fue impulsada por el Gobierno Federal y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Además, fue sometida a una consulta pública que el autor considera breve.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que las medidas no representan censura. Según su postura pública, buscan que las empresas concesionarias respeten los derechos de quienes reciben contenidos audiovisuales.
Sin embargo, integrantes de la academia, el periodismo, concesionarios de radio y televisión, así como grupos de la sociedad civil, han externado preocupaciones. Advierten que algunas obligaciones podrían incentivar la autocensura, afectar la independencia editorial o ampliar facultades regulatorias.
El análisis plantea una pregunta de fondo: ¿la regulación protege a las audiencias o puede abrir la puerta a restricciones indirectas sobre el intercambio de ideas?
La libertad de expresión permite investigar, cuestionar a las autoridades y difundir información. También sostiene la participación política, la vigilancia ciudadana y el control democrático del poder público.
La Organización de las Naciones Unidas ha identificado a la libertad de expresión como un elemento central de las sociedades democráticas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente a la Organización de los Estados Americanos, la considera indispensable para la vigencia del Estado Constitucional de Derecho.
Al mismo tiempo, el ejercicio de este derecho contempla responsabilidades posteriores. Entre los bienes jurídicos involucrados están la honra, la vida privada, la protección de niñas, niños y adolescentes, la seguridad nacional y el orden público.
El autor propone revisar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También plantea contrastar los argumentos oficiales con estándares internacionales sobre libertad de expresión. El propósito, sostiene, no es defender intereses empresariales ni descalificar de inicio cualquier norma administrativa.
La discusión continuará en próximas publicaciones. La conclusión deberá definir si los lineamientos equilibran la protección de las audiencias con una expresión plural, robusta y libre de interferencias indebidas.
“La verdad no depende del número de quienes la sostienen, sino de la conformidad de la inteligencia con la realidad”. —Santo Tomás de Aquino.
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